El Senado propone reformar el Código Penal, reduciendo penas por ultraje y difamación
El presidente del Senado presentó un proyecto que modifica 19 artículos del nuevo Código Penal, limitando la protección del ultraje a funcionarios y reduciendo penas por difamación. Las reformas, impulsadas por protestas y críticas, buscan equilibrar la libertad de expresión con la protección de la dignidad pública.
El presidente del Senado, ante la presión de manifestaciones y críticas públicas, introdujo el viernes un proyecto de ley que altera 19 artículos del Código Penal recién promulgado, reduciendo las sanciones de delitos que habían generado controversia por su impacto en la libertad de expresión.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la redefinición del delito de ultraje. El texto original castigaba los insultos contra cualquier funcionario; la propuesta cambia el alcance del delito, renombrándolo como "ultraje jurisdiccional" y limitándolo a jueces, miembros del Ministerio Público y secretarios judiciales. Así, los ciudadanos que ofendan a los funcionarios del Gobierno en general ya no estarían sujetos a esta pena.
En materia de difamación, el proyecto reduce la pena máxima de cinco años a un rango de uno a dos años de prisión. Además, elimina la disposición que aumentaba la sanción cuando la difamación se realizaba a través de medios de comunicación, plataformas de streaming o ciberespacio, y añade que las expresiones críticas sobre actos de corrupción o el ejercicio de la función pública, siempre que estén sustentadas en pruebas, no constituirán difamación.
El proyecto también revisa el delito de difusión de imágenes sin consentimiento, limitándolo a casos donde las fotos o videos sean tomados en ámbitos privados, y elimina la penalización por montajes alterados. Otros cambios incluyen la sustitución del término "bullying" por "hostigamiento" con la exigencia de conductas reiteradas, la redefinición de penas por acoso agravado y proxenetismo, y ajustes en las sanciones por perjurio y exhibicionismo, otorgándoles mayor flexibilidad a contextos artísticos y culturales.
Estas reformas reflejan un intento de equilibrar la protección de la dignidad pública con la preservación de la libertad de expresión, aunque generan debate sobre la posible dilución de los derechos de los funcionarios y la claridad de los límites legales.