Tribunal salvadoreño impone condenas históricas de hasta 300 años a 39 pandilleros por homicidios y robos
Un tribunal penal de El Salvador sentenció a 39 miembros de una banda criminal con penas que alcanzan los 300 años de prisión, en el marco de la controvertida estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele. Las condenas responden a cuatro asesinatos y 26 robos agravados cometidos entre 2019 y 2023.
La Fiscalía de El Salvador confirmó este sábado la condena histórica contra 39 integrantes de una estructura delictiva, con sentencias que llegan hasta los 300 años de cárcel. Los líderes Marvin García y Aurelio Vásquez recibieron las penas más severas: 300 y 258 años respectivamente.
El fallo judicial, emitido por un tribunal especializado en crimen organizado de Suyopango, San Salvador, responde a cuatro homicidios y 26 casos de robo agravado perpetrados entre 2019 y 2023. Entre los crímenes destaca el asesinato en 2021 de una docente que se resistió a un atraco al salir de una entidad bancaria.
La investigación reveló que la banda operaba en múltiples departamentos del país, especializándose en robar a víctimas inmediatamente después de realizar transacciones bancarias. De los 39 condenados, 13 fungían como artilleros, 15 como motoristas y ocho como marcadores y proveedores de armas de fuego.
Estas sentencias se enmarcan en la polémica "guerra contra las pandillas" del presidente Nayib Bukele, quien desde marzo de 2022 implementa un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Según cifras oficiales, más de 90,000 personas han sido arrestadas bajo esta medida, con aproximadamente 8,000 liberadas posteriormente por falta de culpabilidad.
Mientras el gobierno salvadoreño celebra la reducción histórica de homicidios, organizaciones de derechos humanos como Cristosal denuncian abusos sistemáticos. Un informe presentado en Guatemala revela la existencia de 86 "presos políticos" en El Salvador, situación no vista desde el fin de la guerra civil en 1992, y equipara al país con Venezuela y Nicaragua en materia de derechos civiles.
Adicionalmente, organizaciones no gubernamentales reportan 454 muertes en centros penitenciarios desde 2022, cuestionando los métodos de la administración Bukele en su ofensiva contra la criminalidad organizada.