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Revisión revela hacinamiento y condiciones inhumanas en la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Este

12 de julio de 2026
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|Fuente: Portada - Diario Libre(Ver Original)

El Defensor del Pueblo confirma el hacinamiento de 85 detenidos en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Se denuncian retrasos en resoluciones y riesgo de infección.

El Defensor del Pueblo, a través de su primera adjunta Ana Martich, confirmó que el destacamento de la Policía Nacional que opera en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este presenta un estado de hacinamiento grave, con 85 personas recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales. La inspección, realizada el día de hoy, reveló que las condiciones de alojamiento son inadecuadas y que la falta de higiene aumenta el riesgo de contagios, especialmente entre detenidos con heridas abiertas.

Esta situación no es nueva. La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ya había interpuesto una acción constitucional de amparo contra la unidad, tras una inspección del 8 de junio de 2026 llevada a cabo por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames. En ese momento, se documentaron 85 detenidos en el mismo recinto, lo que generó la denuncia formal de hacinamiento e insalubridad.

El informe del Defensor del Pueblo destaca que, además del hacinamiento, existe una demora significativa en la emisión de las resoluciones necesarias para trasladar a los detenidos a instalaciones adecuadas. Esta demora prolonga la permanencia de las personas en un ambiente que atenta contra su dignidad y sus derechos fundamentales. Los detenidos también reportaron heridas que, sin un tratamiento oportuno, podrían complicarse por la falta de condiciones sanitarias.

La primera adjunta del Defensor del Pueblo aseguró que se continuarán realizando inspecciones en los centros policiales donde se reporten violaciones de derechos fundamentales, en cumplimiento de la misión institucional y como garante del Estado de derecho. Se notificará a las autoridades competentes sobre la situación de insalubridad del destacamento y se buscará la pronta regularización de las condiciones de detención para proteger la salud y la dignidad de las personas restringidas de la libertad.

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